Que paguen los pecadores y no los justos

Manifiesto: Responsabilidad Patrimonial

Recientemente hemos conocido la suma de las grandes cifras que debemos pagar en razón de las grandes chapuzas e ilegalidades cometidas por los representantes institucionales de la Administración Pública canaria: 439 millones de euros. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumarle los 1.000 millones perdidos entre malas actuaciones, contratos nulos y desfalcos en la actuación de ayuntamientos, cabildos insulares, Gobierno de Canarias o entidades públicas que no funcionan o cuyo fin no se justifica realmente.

Todo ello sale a la luz pública precisamente en un momento difícil para Canarias; sobre todo para el 28% de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza, y para el 26% de personas desempleadas. A esta dramática situación hay que sumarle el precario estado de los servicios sociales, la carencia histórica de centros de acogida de mayores y personas enfermas, la precariedad en recursos personales, materiales, formativos, y la consiguiente situación de austeridad en la que trabajan los organismos competentes en materia de servicios sociales e inmigración de casi todas las administraciones.

Para colmo, el Sr. José Manuel Soria, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, ha advertido que los fondos con los que se asumirán estas deudas se detraerán de las partidas destinadas a Sanidad y Educación; dos servicios fundamentales para garantizar la calidad de vida, la equidad y la justicia redistributiva en un país democrático.

Normas de obligatorio cumplimiento como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, advierten que las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas.

Por ese motivo, Alternativa Ciudadana Veinticinco de Mayo, Alternativa Sí se puede por Tenerife, Iniciativa por El Hierro y Los Verdes de Fuerteventura hemos decidido promover esta campaña con la que pretendemos sumar todos los esfuerzos necesarios para conseguir que el ejercicio de una función pública suponga la asunción de responsabilidades patrimoniales, en defensa del verdadero sentido de servicio y bien común que debe acompañar a quienes nos representen y gestionen unos fondos que son de todas las personas, y que deben ser utilizados y redistribuidos en fines que resuelvan las necesidades de la mayoría de la población, considerando, además, las necesidades de las minorías.

Por este motivo, las personas abajo firmantes EXIGIMOS:

1- La aplicación de la normativa existente y, por lo tanto, la exigencia de responsabilidad patrimonial a todos los cargos públicos que hayan tenido competencias directas en el ejercicio de las acciones que hayan derivado en las irregularidades que ahora debemos asumir.

2- La ampliación y perfeccionamiento de la normativa actual a fin de que no quepa ninguna duda sobre las consecuencias que deben asumir aquellas personas que aceptan desempeñar la gestión de fondos públicos.

3- La suspensión de toda actuación administrativa, en el pago de las grandes deudas asumidas, hasta que se garantice la exigencia de este tipo de responsabilidades y, por tanto, la garantía de devolución de unos fondos más necesarios que nunca en las arcas públicas de Canarias.

Esta solicitud, junto a todas las firmas que consiga suscribir, será enviada a los Parlamentos canario y español.

La Plataforma de recogida de firmas se compromtete a proteger su privacidad y mantenerl@ informad@ sobre la Campaña de Responsabilidad Patrimonial.

Alternativa Sí se puede denuncia problemas con el transporte público en los barrios más alejados del centro de Güímar

La portavoz en Güímar del partido de izquierdas, Gloria García, detalló que,”desde mediados de los años ochenta dejó de funcionar el servicio público de guaguas de la empresa TITSA que subía al barrio de San Juan, o Güímar de Arriba, en la zona más alejada y elevada del casco y desde entonces un micro hacía el trayecto desde el centro de pueblo hasta la plaza del barrio varias veces al día, pero el servicio fue eliminado recientemente, alegando su falta de rentabilidad”, añadiendo que, “ si bien es cierto que a lo largo de estos años ha ido aumentando el número de coches, también es una realidad que desde entonces los vecinos y vecinas que no disponen de un vehículo particular, tienen que recorrer el kilómetro y medio que los separa del centro, a pie y con una pendiente bastante pronunciada , o bien utilizar el servicio de taxis, que resulta mucho más caro que la guagua”.

Para García, “las personas mayores, a menudo con una economía más precaria y con mayores dificultades físicas para desplazarse, son las más perjudicadas por esta medida, que pone de manifiesto que no entra dentro de los planes de las administraciones públicas potenciar el servicio público y esto es un claro ejemplo de ineficiencia social, que demuestra que en Tenerife lo importante son las macro infraestructuras o proyectos como el tren de sur, que no van a solucionar la mala o nula conexión de cientos de barrios, repartidos a lo largo de toda la geografía insular y en situación similar a San Juan, ”.

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“Por todo esto y, haciéndonos eco de las fundadas quejas de muchos vecinos y vecinas, desde Sí se puede instamos al Ayuntamiento de Güímar a estudiar cuanto antes la puesta en práctica de un modelo como el que fue implantando en el municipio de Candelaria, con un sistema de taxis compartidos, que efectúan los trayectos desde los barrios de la zona alta, hasta el núcleo urbano, por un precio razonable similar al de la guagua”, manifestó Gloria García.

Apuntan también desde Sí se puede que, “ en Güímar no sólo se encuentra en esta situación el barrio de San Juan, sino otros igualmente alejados del centro, como Chacaica, la urbanización Afonso Carrillo, o la zona alta de Fátima, que podrían beneficiarse de esta propuesta”.

Güímar dice NO a las antenas de telefonía móvil.

Los vecinos y las vecinas del barrio de San Pedro arriba, nos hemos lanzado a las calles al saber que un vecino del barrio ha instalado y "ocultado" una antena de telefonía móvil.

Güímar es uno de los municipios de la isla que posee una "ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES" donde prohibe este tipo de instalaciones dentro del pueblo, ubicándolas exclusivamente en Anocheza.

Este vecino, aún a sabienda de la ilegalidad, la ha puesto, e incluso ha contratado un mayor voltaje para tener alimentada a la antena, embolsándose mensualmente 6000€ a costa de la salud de los vecinos y vecinas.

Las antenas crean a su alrededor un campo electromagnético o un espacio en el que actúan sus radiaciones, estimado a 400 metros a la redonda. Algunos de los efectos nocivos pueden ser: cáncer, cefaleas, insomnio, cataratas, alteraciones del comportamiento,...

Tras una reunión vecinal y una vez recibida la información por el Ayuntamiento, el cuál asegura, que por parte de ellos se están llevando a cabo todos los trámites legales para inhabilitar esa antena, empezaremos con una campaña de calle, con la recogida de firmas y diseño de pancartas para notificar al resto de los vecinos y vecinas lo que sucede, ya que no sólo nos afecta a nosotras directamente, sino además al resto de los ciudadanos y ciudadanas de Güímar.

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"La salud de todos y todas está en juego por el beneficios económico de unos pocos"